Lo que hay detrás del creciente fenómeno de la usurpación de tierras en Argentina

Las autoridades sospechan que detrás de la toma de tierras, que se ha intensificado en medio de la pandemia, hay grupos delictivos organizados que se aprovechan de familias con necesidades habitacionales

Emiliano Limia

La usurpación de tierras es un tema que ha tomado mucha notoriedad en Argentina en las últimas semanas. El conflicto se viene replicando en distintos puntos del país y es preocupante no solo el aumento en la cantidad de casos sino también el nivel de organización de los usurpadores.

En lo que va del año, se contabilizaron más de 1.800 denuncias judiciales por intentos de toma de tierras, una cifra alarmante que genera la sensación de falta de control por parte del Gobierno.

Solamente en la Provincia de Buenos Aires (PBA) se estima que hay un total de 4.300 hectáreas tomadas. Entre julio y agosto hubo 315 intentos de usurpaciones. El ministro de Seguridad de la PBA, Sergio Berni, afirmó a los medios que “es un delito que está organizado”.

Se sospecha que detrás de las tomas hay grupos delictivos organizados que se aprovechan de familias con necesidades habitacionales. Es cierto que el fenómeno no es nuevo. Las usurpaciones existen desde hace muchos años, pero es evidente que con la llegada de la pandemia el conflicto escaló a otro nivel.

Las razones son variadas, aunque se pueden entender en gran medida a partir de los más de 4 mil asentamientos de emergencia que existen en el país, más conocidos localmente como “villas”.

Son barrios que generalmente se construyen de manera improvisada en terrenos usurpados, y que con los años llegan a poblarse a niveles en los que predomina el hacinamiento y hay deficiencia en servicios básicos como el agua, el sistema cloacal, el gas y la electricidad.

En ese contexto de crisis habitacional, la llegada de la pandemia parece haber conformado un cóctel explosivo que se manifiesta en una oleada de toma de tierras de difícil solución.

Es un fenómeno complejo y diverso. Porque además de darse las condiciones para que ocurra, quedó en evidencia que las redes de contención de los sectores de bajos recursos no están funcionando del todo bien.

En marzo, el gobierno de Alberto Fernández impulsó restricciones estrictas para frenar el avance del COVID-19 que, si bien ralentizó en su momento la velocidad de contagios, afectó significativamente a una economía que ya venía diezmada.

Desde el comienzo de la pandemia, diversos especialistas advirtieron que el mayor problema relacionado con la enfermedad iba a estar ligado con los barrios de emergencia. Sobre todo en la PBA, donde se encuentran alrededor de 1.800 de los 4 mil asentamientos.

¿Derecho o delito?

Si bien se plantearon diferencias, pareciera finalmente que en el Gobierno ha habido una consolidación en la idea de que las usurpaciones conforman un delito y que la Justicia debe intervenir, aunque advierten que el proceso llevará tiempo.

Hay quienes de alguna manera justifican las tomas de tierras, argumentando que las personas que las llevan a cabo viven en la extrema pobreza y tienen el derecho a una vivienda digna, y en la coyuntura actual no pueden vivir hacinados, tampoco pueden pagar un alquiler y menos acceder a la compra de un terreno.

Por otro lado, argumentan que existen muchas tierras ociosas y que debería haber políticas públicas que resuelvan la crisis habitacional.

De cualquier manera, el fenómeno de las tomas no pareciera ser espontáneo sino todo lo contrario. Detrás de las usurpaciones se presume que hay un entramado de complicidades que incluye desde dirigentes de organizaciones sociales hasta funcionarios públicos, mafias ligadas al poder que luego hacen un negocio inmobiliario y venden pedazos de tierra a gente necesitada.

Es una situación en la que mucha gente pobre es utilizada para formar asentamientos con todo tipo de deficiencias, y que luego generan una dependencia estatal para el desarrollo urbano.

Esto es posible dada la ambigüedad en la interpretación de las leyes, que por un lado protegen la propiedad privada, pero por otro prohíben los desalojos u obligan a llegar a soluciones amistosas con los usurpadores.

Al haber intereses contrapuestos, debería ser la Justicia la que dirima este tipo de conflictos. El problema radica en que si no se actúa con celeridad, es probable que las tomas de tierras se sigan multiplicando y la violencia escale.

De hecho, ya hubo escenas violentas en que vecinos de zonas aledañas a terrenos tomados intentaron desalojar a los usurpadores por mano propia. El Gobierno debe evitar este tipo de situaciones y distintos alcaldes de la PBA han manifestado su preocupación sobre un posible agravamiento.

Desde la oposición se propuso declarar una “emergencia en materia de usurpaciones”, con el objetivo de brindar herramientas a la Justicia para actuar rápidamente sobre las propiedades usurpadas, algo que actualmente no está contemplado y que sería una señal contundente para desalentar las tomas.

Daños colaterales

Además de los perjuicios que se le ocasionan al usurpado, lo que suele suceder ante una toma de tierras es que el Estado debe atender las necesidades básicas de las personas que viven allí, y en muchas ocasiones son áreas complicadas para brindar incluso servicios esenciales como el agua potable.

Por este motivo, para los alcaldes de los distintos distritos luego de una toma de tierras comienza un problema aún mayor, que es poder proveer a la gente de servicios públicos como la electricidad y el gas, alcantarillado, calles y todo lo relativo a la urbanización.

Para un alcalde, un nuevo asentamiento de emergencia constituye un problema en el orden de crecimiento de su distrito y agrava la falta la planificación.

Aún más: esta ola de usurpaciones desató el temor de propietarios de casas de veraneo, que habitualmente se encuentran vacías, y temen que sus viviendas también sean occupadas. En efecto, han trascendido algunos casos de propiedades vandalizadas en distintas ciudades turísticas.

De más está decir que también afecta otras cuestiones, como por ejemplo la imposibilidad de atraer inversiones. Si algún empresario estaba pensando en un proyecto inmobiliario en alguna de las zonas afectadas, difícilmente lo querría llevar a cabo dadas las circunstancias.

En este sentido, el viernes pasado el presidente Alberto Fernández anunció un nuevo Plan de Seguridad Integral para la PBA. Es un programa que prevé inversión en equipamiento, infraestructura y capacitación de 10 mil nuevos agentes para las fuerzas de seguridad. Pero esto no servirá de mucho si la Justicia no acompaña.

El problema habitacional existe y hay que solucionarlo. El escenario ideal sería una economía saneada que genere empleo y permita a cada persona poder alquilar o comprar una vivienda. Pero por el momento, ese escenario se ve muy lejano.

Fuente: Agencia aa.com.tr/es

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